Decisión nº: 001971

En octubre de 2006, el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 recordó que, como parte del procedimiento de aportación de pruebas en relación con la acción judicial incoada por el Estado español contra la American Bureau of Shipping (ABS) ante el Tribunal Federal de Primera Instancia de Nueva York, la ABS había pedido que el Estado español presentase todos los documentos y material que formaban parte del expediente del Juzgado de lo Penal de Corcubión que investigaba la causa del siniestro, así como todos los documentos y material examinados por la Comisión Permanente de Siniestros Marítimos en España. Se recordó que el Estado español había respondido afirmando que los documentos y material pedidos estaban protegidos contra su divulgación por privilegio en virtud del derecho procesal español, que el tribunal de Nueva York había denegado la afirmación de privilegio del Estado español ordenando que se presentasen los documentos y material, y que el Estado español había apelado contra la decisión. El Comité recordó además que el Estado español había presentado una petición al Juzgado de Corcubión sosteniendo que los documentos y material no se podían facilitar a la ABS y que el Juzgado de Corcubión había decidido que estos documentos y material eran privilegiados para las partes que se habían unido al proceso penal y que, por lo tanto, no se debían poner a disposición de la ABS. Se tomó nota de que, en una decisión dictada en agosto de 2006, el tribunal de Nueva York había desestimado la apelación del Estado español de que los documentos y material eran privilegiados, considerando que ambas partes en el proceso debían tener acceso al mismo material y que el hecho de que el Estado español no los pusiera a disposición de la ABS colocaría a esta en una situación de desventaja injusta que afectaría a su derecho de defensa. Se tomó nota de que el Estado español había presentado una solicitud al Juzgado de Corcubión para que le autorizase a divulgar a la ABS los documentos y material y que, en una decisión dictada en septiembre de 2006, el juzgado había autorizado que se divulgara al tribunal de Nueva York toda la documentación pertinente al caso.