Decisión nº: 001278

En octubre de 2001, el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Tribunal de Sables d’Olonne se había declarado incompetente en lo que respecta a una acción judicial entablada por el propietario de un bote de alquiler de Concarneau contra el propietario del buque, la empresa que administra el buque, el asegurador y Total Fina, y había nombrado un perito judicial para que evaluase la pérdida realmente sufrida por el demandante. Se tomó nota de que el perito judicial, tras haber examinado las nuevas pruebas aportadas por el demandante, que indicaban que había intervenido en el transporte de turistas en la zona afectada por el derrame, había concluido en el informe que existía una relación de causalidad entre la pérdida de beneficios sufrida por el demandante en 2000 y el siniestro del Erika. Se señaló además que, basándose en la documentación presentada al perito judicial, el Fondo de 1992 había evaluado la pérdida de beneficios en £43 000, cuantía que estaba comprendida en la gama cuantificada por el perito judicial. El Comité observó que el demandante se había mostrado de acuerdo con la evaluación y se había alcanzado un acuerdo sobre la reclamación en esa cuantía.